El kirchnerismo y el progresismo mueven sus fichas y nadie descarta su confluencia al estilo frenteamplista uruguayo

MICA-e80adPor Causa Popular.- A un año de las próximas elecciones legislativas el tablero de las alianzas políticas comenzó a agitarse. No sólo la derecha busca su mejor forma y expresión para la próxima contienda electoral, sino que el espacio de centroizquierda y el kirchnerismo no le pierden pisada. Mientras el intendente de Morón Martín Sabbatella lanzaba su nuevo partido flanqueado por Anìbal Ibarra y Hermes Binner, el dirigente kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo expresaba desde el Grupo Michelangelo de Capital Federal que: “en la actualidad, las fuerzas de la derecha y de la reacción tienden a hegemonizar el espacio político” con el objetivo de “asegurarse los beneficios que obtuvieron durante décadas con la confiscación de la política, la flexibilidad laboral, la privatización sin control y la desnaturalización del rol del Estado”.
SUBNOTAS
Sin Duhalde, la derecha no se reproduce cuando chilla. Macri y López Murphy vuelven a fojas cero
Coyuntura de la Ciudad: la política porteña con destino incierto
El gobierno porteño se prepara para lanzar el “Plan Indigencia Cero”. En Argentina hay 15 millones de personas viviendo en la pobreza
También la centroizquierda tuvo su cónclave en Morón el martes 14, con el lanzamiento por parte del intendente de esa localidad Martín Sabbatella, de su nuevo partido “Encuentro por la Democracia y la Equidad”. En el acto estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el ex intendente de Rosario Hermes Binner.

El Grupo Michelángelo de Capital se reunió el miércoles 15 de septiembre para debatir sobre temas específicos de la Ciudad y avanzar en los lineamientos del V Encuentro Nacional de la Militancia, que se realizará a fin de mes. Luego de Tanti, Mar del Plata, La Matanza y Martínez, que también fueron a nivel nacional, esta vez el escenario para el V Encuentro Nacional de la Militancia será la Capital Federal, y tendrá la consigna ’Otro Peronismo para el país’.

“El entusiasmo peronista y transformador está en marcha. Y contra los viejos vicios de la política pejotista o los rebusques liberales haremos cierto otro peronismo y otra política para el país, con cuadros, proyectos e ideas innovadoras y revolucionarias que fortalezcan al gobierno de Néstor Kirchner y contengan a toda la Nación”, aseguró Juan Carlos Dante Gullo, uno de los principales oradores del encuentro que se realizó en Balcarce.

Convocados por el subsecretario general de la Presidencia, Carlos Kunkel, Juan Carlos Dante Gullo, Jorge Taiana, Rodolfo Ojea Quintana, Oscar Nieva y Carlos Gdansky, entre otros, participarán del Encuentro Nacional dirigentes y militantes políticos y sociales de todo el país, legisladores nacionales y provinciales, y funcionarios de los gobiernos provinciales y nacional.

“Estamos comprometidos en la acción para lograr un futuro diferente. Para esto tenemos que realizar encuentros donde los militantes dispersos y los ciudadanos que fueron silenciados durante décadas, donde se alternaron la represión y la tele-política, puedan discutir y dar forma al nuevo proyecto de desarrollo nacional”, agregó Dante Gullo.

Los dirigentes reunidos en el tradicional restaurante Michelángelo, no perdieron la oportunidad para salir al cruce de las declaraciones del vicepresidente Daniel Scioli, quien en un reportaje a un matutino había manifestado su intención de presidir el PJ porteño, estrategia que sería apoyada por el duhaldismo.

After a long day playing casino games at mobile casino Canada, you can unwind by reading the latest news online.

“El entusiasmo peronista y transformador está en marcha. Y contra los viejos vicios de la política pejotista o los rebusques liberales haremos cierto otro peronismo y otra política”, señaló Dante Gullo durante el cónclave. Gullo cuestionó además “el clientelismo indigno y los aparatos junta-votos que tantas veces en nuestra ciudad resultaron ser más bien ’piantavotos’ y padres de la derrota”, y afirmó que “haremos otro peronismo y otra política para el país, con cuadros, proyectos e ideas innovadoras y revolucionarias que fortalezcan al gobierno de Néstor Kirchner y contengan a toda la Nación”.

La centroizquierda busca olvidar La Alianza

Por el lado del arco de centroizquierda, el intendente de Morón, Martín Sabbatella, lanzó el martes 14 su nuevo partido “Encuentro por la Democracia y la Equidad”, durante un acto que contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y el ex intendente de Rosario por el partido socialista Hermes Binner. Sabbatella llegó a lanzar su equipo para jugar en las grandes ligas, con la chapa de haber sido reelecto con el 54% de los votos en el distrito otrora gobernado feudalmente por Juan Carlos Russelot, una de las caras más visibles del menemismo durante los 90. Ex militante de la Federación Juvenil Comunista, y un jóven político de 34 años que usa anteojos sin aumento por recomendaciones de sus asesores de imagen, Martín Sabbatella buscó desde un comienzo diferenciarse del gobierno de Néstor Kirchner en momentos en los cuales el proyecto de transversalidad parecía avanzar indefectiblemente.

Escoltado por Ibarra y Binner, el intendente de Morón convocó a “construir un país en que la democracia sea la regla de juego de todos” para terminar con “la corrupción y la concentración de la riqueza, que son los dos escándalos éticos” que sufrió el país en los últimos 29 años.

Al acto realizado en el Club 77 de Morón los invitados fueron llegando de a pocos, sin banderas, y se fueron ubicando lentamente en las 1500 butacas que finalmente fueron desbordadas. Sabbatella recibió además el apoyo del ARI, de numerosos dirigentes del partido socialista, y de intelectuales, actores y cineastas que coincidieron en la necesidad de crear un espacio que una al progresismo en el país. “Es imprescindible y urgente que seamos promotores y protagonistas de los cambios que nuestro país necesita. Debemos comprometernos a generar alternativas”, señaló el jefe comunal, ante un nutrido auditorio.

Sabbatella convocó, en ese marco, a los partidos progresistas a conformar un frente amplio al estilo uruguayo, para “recuperar la política desde la ética y alumbrar una nueva política que genere una nueva relación entre el Estado y la sociedad”. Durante su discurso se cuidó de mencionar de manera directa a los dos dirigentes cuyas posiciones generan más conflicto en la centroizquierda: Kirchner a quién le critica por lo bajo su alianza con Duhalde pero reivindica muchas de sus políticas, y a Elisa Carrió, que cuestiona por su posición de no avanzar en acuerdos con otras fuerzas de centroizquierda.

“Es mentira que existe una sola forma de gobernar. Es mentira que la gobernabilidad sólo camina de la mano de la prebenda, del clientelismo y del ’roban pero hacen’, tenemos que demostrar que es posible generar una gobernabilidad distinta a la mafiosa, a las de las corporaciones y los lobbys, que sea una gobernabilidad de la ética, la inclusión y la solidaridad” afirmó el único orador del acto.

Entre los invitados estuvieron, además de Ibarra y Binner, el jefe del bloque de diputados del ARI, Eduardo Macaluse; los legisladores socialistas Ariel Basteiro y Jorge Trivas, y el ex diputado del Frepaso Rodolfo Rodil. El arco de apoyos además incluyó la adhesión del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde (el único funcionario nacional que adhirió al lanzamiento), y la de un puñado de intelectuales que han sabido conformar las huestes del alfonsinísmo como Juan Carlos Portantiero y Beatriz Sarlo.

Binner consideró, por su parte, que “es importante ir construyendo, entre todos, sin exclusiones, una nueva alternativa para reconstruir el país que dejó destruido el menemismo”. Macaluse aclaró, sin embargo, que el ARI no hará alianzas para el 2005: “Venir al cumpleaños no es ir al casamiento”, apuntó. También participaron del acto el Jefe del Gabinete porteño, Raúl Fernández, el titular del Bancop Credicop, Carlos Heller, y el legislador porteño Ariel Schifrin.

El milagro de la santa fe

b-b06d7Especial desde Santa Fe. Antonio Bonfatti, Agustín Rossi y Miguel Del Sel van a dirimir el próximo domingo quién será el sucesor de Hermes Binner por cuatro años en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Los sondeos dan como favorito al candidato del Frente Progresista Cívico y Social, aunque la irrupción del Midachi y las dudas sobre cómo jugará el peronismo anti K ponen un manto de duda sobre los porcentajes finales que arrojarán las urnas.
El cierre de campaña de Antonio Bonfatti será en el norte provincial, donde el Frente Progresista trata de dar fin al viejo caudillismo de los senadores pejotistas. Pese a que cerca del 70% de los subsidios que entregó el gobierno de Binner fueron para comunas del sur, allí estará el actual ministro binnerista para afianzar un triunfo que sabe seguro.

En cambio, Rossi lo hará en Rosario -donde las encuestas le dan mejores presagios- con un acto multitudinario en el que tocará La Bersuit, en abierto apoyo a su candidatura. No obstante, y aun cuando varias personalidades de la cultura se mostraron en favor del candidato peronista, la visita de la Presidenta este martes fue lo que arrancó la sonrisa mayor del Chivo.

Mientras tanto, Miguel del Sel llevará adelante una caravana por los barrios del oeste de la capital provincial, a la búsqueda de replicar el voto conseguido por su mentor -Mauricio Macri- en las zonas más carenciadas. Lo acompañarán ex peronistas, viudas de un reutemanismo en retirada, que como Lole, jamás fueron kirchneristas.

Si bien no han trascendido datos en los últimos días, las encuestas conocidas con anterioridad hablan de un triunfo de Antonio Bonfatti. Claro que aquí no está medido el resultado del debate entre los candidatos llevado adelante el último sábado ni el efecto Cristina, que pasó por el sur provincial abrazando a Rossi. Algo tarde, al decir de los más ultras.

Con respecto al debate, Miguel del Sel utilizó todos los giros Durán Barba que se acordó, porque a pesar de su gimnasia actoral, muchas veces dio la sensación de no haber tenido tiempo para estudiar el libreto. Bonfatti, ganador en los sondeos previos, eligió la cautela y se victimizó por un supuesto destrato del gobierno nacional. Así, Rossi, con experiencia parlamentaria y datos concluyentes, fue el claro ganador.

Pero se sabe que ganar, a la hora de la discusión política, no siempre se mide en la misma tabla de posiciones. El oficialismo, acompañado por una anuencia mediática que a esta altura más que simpatía es complicidad, ha sabido vender muy bien que el tono crispado no sirve y que la búsqueda del consenso es el camino a seguir.

Aún cuando el triunfo de Bonfatti se da por hecho, hay algunos factores que vale analizar para palpitar el resultado final. El primero es saber cómo jugarán los radicales no orgánicos (y algunos orgánicos también), con los que el socialismo no ha sido muy generoso en la conformación de listas y que se vieron sorprendidos con la candidatura de Binner a presidente, en desmedro de la de Ricardo Alfonsín.

Las otras: por un lado comprobar hasta dónde escalará Del Sel, con su discurso desideologizado, el arrastre de las elecciones porteñas y el aluvión publicitario PRO que lo paseará por todos los programas posibles de Buenos Aires donde, claro, se deberá tener una condición: no hablar de política. O saber hasta dónde honrarán a Rossi los perdedores de la interna justicialista, a los que hoy se los ve tirando agua para su molino, más que apoyando a quien se comprometieron a hacerlo.

De cómo se resuelvan estos interrogantes también saldrán las respuestas para los resultados finales. Hay quienes pretenden que Bonfatti se valdrá del crecimiento de Del Sel para estirar la ventaja a límites insospechados. Hay quienes hablan de un batacazo del Midachi, sumando votos reutemanistas y de sectores postergados. Y hay quienes piensan que Rossi, con su coherencia y su militancia sin descanso, podrá llegar a la Casa Gris. Claro que estos últimos tienen que tener una condición: ser creyentes. Y más: creer en milagros.

“La existencia de Fuerzas Armadas sudamericanas molesta a los EE.UU.”

Solanas-INt-6-00b3fEs el mayor experto civil en temas militares de su país y explica que el aeropuerto de Mariscal Estigarribia, donde nació, está ubicado “en el corazón del continente, es como un gran submarino terrestre”. Gracias al clima característico del Chaco paraguayo, destacó, esa pista es “operable los 365 días del año, y permite llegar en 45’ a La Paz y a Asunción, en una hora a Buenos Aires y en dos a Brasilia”.

“Fue pura coincidencia. Nací ahí porque mi padre era militar y estaba destinado en ese cuartel. El aeropuerto fue construido por los norteamericanos ahí porque es como una plataforma en el centro de Sudamérica y tiene una característica muy especial: su clima, que hace que la pista sea operable todos los días del año. Y que desde esa pista se está a 45’ de la Paz, a 45’ de Asunción y a poco más de una hora de Buenos Aires.

En cuanto a la presencia de tropas estadounidenses en la región, Galeano Perrone dijo que “no tienen una presencia muy fuerte porque no lo necesitan. Al estallar la Segunda Guerra Mundial el presidente era el general José Félix Estigarribia (luego mariscal), que fue sucedido por el general Higinio Morinigo, un dictador que nos gobernó hasta 1947.

Morinigo viajó a los Estados Unidos, que desde entonces tuvo una enorme ingerencia en Paraguay, aunque durante la dictadura de (el general Alfredo) Stroessner mucho no se veía, se disimulaba, pero por debajo de la mesa tenia una relación, aunque discreta, muy estrecha. Algo que también ocurría con otras dictaduras latinoamericanas”.

Para redondear, Galeano Perrone dijo que, más allá de otros posibles usos, “la pista de Mariscal Estigarribia está para que el Comando Sur la utilice cuando la necesite”. A continuación, las principales definiciones de Galeano Perrone durante la extensa charla.

Una base virtual

 El interés de los Estados Unidos por el Chaco paraguayo no es nuevo. Pensaron en poner una base el Chaco cuando tuvieron que marcharse de la zona del Canal de Panamá y hoy tienen esa base, la de Mariscal Estigarribia, una base virtual. Porque están dadas todas las condiciones para -con la gran capacidad de despliegue logístico que tienen sus fuerzas armadas- pueda montar una gran base en, pónganle, un plazo máximo de diez días. ¿Para que va a mantener 2.000 a 3.000 hombres que les costarían muchísimo dinero? Vendrán en el momento en que lo necesiten. Pueden hacerlo cuando les dé la gana gracias a que Paraguay es uno los países con mayor deterioro institucional de América del Sur.

Esperando la temporada de rebajas

 Las comparaciones son odiosas y no tienen que ver con el tamaño: en Uruguay, por ejemplo, las instituciones funcionan. El Poder Judicial, la fiscalía, el servicio penitenciario, la policía, el ejército. Ahora, cuando yo lo digo en un debate, me replican: “No se olvide que Uruguay debe 14 mil millones de dólares y tiene tres millones de habitantes”. Pero es que ese es otro problema. Los uruguayos tienen una deuda muy grande, sí, y ni siquiera pagan los servicios de la deuda externa.

Pero las instituciones funcionan. Nosotros, en cambio, somos un país muy deteriorado. Nuestra fiscalía no funciona, nuestra policía, nuestros tribunales no funcionan, nuestra Fuerza Armada está en su peor momento. Estados Unidos no nos ayuda. Los organismos multilaterales tampoco. No somos hijos mimados del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano, ni del Fondo Monetario Internacional. Claro que tienen interés en Paraguay. Pero están esperando a que nos descompongamos, que nos pongamos más fáciles… y baratos.

Previsiones I

En aras de su capacidad de previsión, el gobierno y las grandes empresas de los Estados Unidos subsidian e incluso financian “think thanks” y centros de estudios estratégicos. Consideran que su visión estratégica guarda una relación directa con la capacidad de prever procesos que se desarrollan a lo largo de lapsos prolongados. Recién están conformes cuando tienen poco margen de error, cuando pueden hacer premoniciones del tipo de “Dentro de cinco años, a lo sumo en seis, este pozo de petróleo se va a secar, la extracción dejará de ser rentable”.

Y entonces, buscan sustituirlo. “Dentro de cuatro años tenemos que controlar el pozo de Salinas. Vamos a ver si nos lo vende. Como no es imprescindible, de lo contrario tendremos que arrebatárselo por la fuerza”, es la conclusión a la que llegan y de acuerdo a la cual actúan. Y esto, que es válido para el petróleo, también lo es para el Acuífero Guaraní.

Aislamiento regional

Cuando el presidente Nicanor Duartes Frutos anunció la presencia de los norteamericanos, la reacción en América Latina fue muy fuerte. De Hugo Chávez, y también de Lula Da Silva. Hubo recelo de parte de los argentinos y de gran parte del resto de América Latina. Cuando viaja a los Estados Unidos, Duarte Frutos se ubica claramente a la derecha no sólo de Chávez, sino también de los tres presidentes vecinos. Y éstos le tienen lógica desconfianza, lo que hace que esté aislado en la región.

Bajo perfil

Las duras críticas que recibió el gobierno de Nicanor por propiciar el desembarco de las tropas norteamericanas hicieron que a partir de allí la presencia militar de los Estados Unidos fuera de bajo perfil. Pero les puedo asegurar que el que tiene la palabra en los asuntos decisivos del Paraguay es el embajador. La embajada que está entre las calles Brasilia y Mariscal López es la sede de un nuevo virreinato.

Itaipú y Yacyretá

Si el embajador dice algo, pueden tener la plena seguridad de que esa palabra indica el rumbo que se seguirá. Al principio parecía que Nicanor se iba a desprender de eso, pero no, para nada . El proyecto que los Estados Unidos -su Departamento de Estado, subsecretaria de América Latina, capítulo Paraguay- tiene para el país está vinculado a sus dos grandes hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá, que a su vez son estratégicas para Brasil y la Argentina. Itaipú cubre una parte muy grande de las necesidades energética de Brasil; y Yacyretá y los proyectos sobre el Paraná son muy importantes para Argentina. En fin, que la mayor riqueza que tiene el Paraguay es su posición geopolítica y geoestratégica.

El Pentágono desplazó al Departamento de Estado

Con todo, en estos tiempos tan agitados lo de la preeminencia del Departamento de Estado es relativo. La guerra de Irak esmeriló primero y devastó luego el poder del general Colin Powell, un hombre muy capaz y prudente. El Departamento de Defensa, el Pentágono, le fue quitando poder. Y es de este departamento que depende el Comando Sur, que es el que tiene el contacto oficial con todas las Fuerzas Armadas de Sudamérica. Por primera vez, será secretario de Inteligencia un militar en actividad. Y es que para los Estados Unidos la prioridad absoluta es la seguridad.

Previsiones II

Hay que saber muy bien qué es lo que quiere Estados Unidos de Paraguay para poder hacer planes. Para explotarlo ese saber. Y eso, Nicanor Duarte Frutos no lo ha sabido hacer. Se le está yendo su gobierno, ya está en los tres años de gobierno y hay varias elecciones por delante. Ya no tiene tiempo de cambiar.

Tres líneas

Si la presencia militar de los Estados Unidos es liviana, la de la DEA no lo es en absoluto. Justificada en la lucha contra el narcotráfico, es muy fuerte. Y más fuerte todavía es la presencia de servicios de inteligencia que luchan contra la piratería (se refiere a la copia ilegal de marcas. N. de la R). La tercera línea es la instalación de una base del FBI en el país, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Porque, como saben, según los Estados Unidos, la Triple Frontera en general y Ciudad del Este en particular es un santuario del terrorismo, la fuente misma de financiación de Hezbolá.

FF.AA. + Policía = Guardia Nacional

 En este momento la FF.AA. paraguaya está cumpliendo un papel claramente policíaco, el papel de cuidar bancos, de acompañar a la policía. De hecho estamos frente a una guardia nacional. A pesar de lo mucho que se dijo que no se la quería tener, con la fusión operativa de la policía y la FF.AA. se armó, de facto, una guardia Nacional. Es fácil de ver: nuestra fuerza armada tiene 8 mil hombres y no tiene más de 5 mil operativos. Hace 17 años, en el último año de Stroessner, tenía 25 mil hombres y de ellos unos 18 mil eran operativos.

Chávez y Seineldín

 En el ejército, la derecha, el ultranacionalismo, puede tomar contacto fácilmente con la izquierda. ¿Qué diferencia grande hay entre el discurso de Seineldín y el de Hugo Chávez? Paradójicamente estamos frente a unas Fuerzas Armadas que se convirtieron en una amenaza para los Estados Unidos. Bueno, tanto como amenaza no. Pero si es algo que a los norteamericanos les molesta, que lo ven con preocupación.

Por ejemplo cuando el ministro de Defensa de Brasil dice que Brasil no va a renunciar a ser la primera potencia militar de América Latina y que la Amazonia no es una reserva “de la humanidad”, que es una reserva de Brasil, y que Brasil es reserva de la humanidad, lo que no es para nada lo mismo.

O cuando el comandante de la armada Chilena dice que Chile no renunciará a su poderío militar. Hay que tener en cuenta que el de Lagos es el gobierno chileno que más dinero invirtió en armamentos en toda la historia, incluso en algunos rubros más que el de Pinochet.

Fijación oral

arton4017La detención en la ciudad de Buenos Aires de un individuo que pretendió fumar en un bar exhibiendo un arma calibre .22 es prueba, para la policía, de que se está gestando una nueva forma de delincuencia.

Para los más serios observadores de la realidad, su gran caldo de cultivo no es en este caso la injusta distribución del ingreso, causa de escruches, secuestros, salideras y arrebatos.

Ni siquiera el turismo internacional, parte de cuyo glamour se basa en la promoción de la prostitución infantil. Esta nueva sensación de inseguridad se basa en un mal que se ha extendido, sin prisa pero sin pausa y desde hace siglos, por el mundo entero: la fijación oral.

Sufrida por cientos de millones de personas de todos los sexos, y sin respetar estado civil, edad, clase social, raza o religión, no se ha encontrado por el momento una vacuna para prevenirla.

Los grandes laboratorios -a propósito de vacunar- dudan actualmente en seguir financiando generosamente un antídoto para la temible cepa H5N1 de la gripe aviar, que se aprestaba a matar a unos 800 millones de seres humanos el invierno pasado según los cálculos más optimistas, o dedicar sus esfuerzos en el desarrollo de una vacuna contra la fijación oral.

Las universidades de Stanford y Harvard trabajan en este sentido. Sus científicos se exprimen la cabeza buscando un adminículo, cosa, mensaje, idea original o medicamento que, con el ejemplo del preservativo para prevenir el HIV y los embarazos adolescentes, permita impedir que las madres, trasmisoras de este mal universal, sigan afectando impunemente a la civilización.

En Stanford, por ejemplo, donde se desarrolló en los últimos años una corriente contraria al psicoanálisis basada en la opinión de que con dos sesiones de análisis transaccional uno queda fenómeno, se está dando marcha atrás.

“Sigmund Freud no era tan tonto como parecía”, opinó el doctor Sigfrid Mahler, un sexagenario berlinés y primo segundo de Henry Kissinger, quien fue condecorado como doctor honoris causa de Stanford en 1947 por sus estudios sobre la humanización de las cárceles, y agregó: “La fijación oral existe. La cuestión es cómo extirparla, pero es más sustentable luchar contra sus síntomas”.

Escrita originalmente en latín, el lema de la universidad de Stanford podría traducirse más o menos como “a grandes males, pequeños paliativos”.

No pudiendo acabar con las madres ni con el amamantamiento o su recuerdo, ni siquiera inconsciente, la civilización occidental ha dedicado innumerables horas a combatir los efectos más perniciosos de la fijación oral, y lo fue convirtiendo con el tiempo en una costumbre, una conducta tolerada o un arte, de acuerdo a cómo se lo mire.

El acto de llevarse cosas a la boca y luego succionar fue considerado como un arte por los cultores de la diosa Astarté, en el Asia Menor. Una secta de origen persa y formada casi íntegramente por mujeres, desarrolló las más refinadas técnicas de sexo oral, extendiendo el placebo a horas y horas de práctica.

Según los arqueólogos que excavaron en las ruinas de Antioquía, sede de esa secta, se descubrieron varios frescos donde se describen los métodos usados.

Nada nuevo, pero la zona fue devastada por un terremoto ejemplificador.

El sexo oral se siguió usando por siglos para combatir la fijación oral, con lo que su uso se extendió también a los hombres, que la sufren -a la fijación- en la misma medida que las mujeres.

En la actualidad, la generalización de enfermedades de transmisión sexual ha convertido a esa práctica en un acto de sufrimiento o heroísmo, y el Vaticano, aunque no lo recomienda a pesar de que todo tormento abre automáticamente el camino hacia el reino de los cielos, aconseja limitarlo al matrimonio.

Is your news subscription coming to an end? Renew it with winnings from playing casino games at Slotsexpert. You can now read all the news you want.

Otras adicciones se relacionan también con esta plaga de la civilización, pero no pudieron desarrollarse sino hasta que el hombre pudo obtener el vidrio luego de fundir arenas y minerales varios.

Tomarse una birra en cada ocasión, es una de ellas. Entre las prostitutas de Plaza Once se hizo una compulsa sobre el sexo oral. La mayor parte de las entrevistadas contestó que, al mediar un preservativo de látex, la cosa ha perdido la mayor parte del gusto que tenía en el pasado.

Casi todas ellas lo combinan mascando un chicle, para eliminar el gusto amargo del espermicida que recubre a ese gran evitador de embarazos no deseados.

Por otra parte, el uso de siliconas mamarias está reduciendo el placer de los bebés por el acto de mamar.

Ciento ochenta bebés consultados por la universidad de Harvard mostraron una inocultable tendencia a masticar productos blandos como puré de zapallo y carne picada desde el mismo nacimiento.

Los científicos de la universidad luego preguntaron a sus madres si se habían hecho implantes mamarios, y todas contestaron que sí, por supuesto.

El hábito de fumar, con ser de lo más antiguo, también se popularizó con el auge de la industria y el consumo, que pudo poner un atado de 20 cancerígenos en las manos de cada habitante de la tierra.

En el pasado muy remoto, también dentro de Asia Menor, que parece ser la cuna de todos los males, existía una secta conocida como los aššãšin.

El término fue traducido incorrectamente como “adictos al cáñamo indio” o “bebedores de hachís”. Los arqueólogos que llegaron al lugar donde se refugiaban, en lo alto de una montaña, revelaron que los integrantes de esta secta se convirtieron en asesinos cuando el Viejo de la Montaña les impidió fumar un porrito después de cenar.

Entre algunos fumadores se opina que no es lo mismo un cigarro que un cigarrillo slim, porque nada indica que un habano recuerde estrictamente a un pezón femenino medio.

La mitad de los médicos opina que el tabaco produce cáncer. La otra mitad, fuma.

Todos estos factores fueron tenidos en cuenta por los estrategas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para dictar una ley antitabaco que rige desde el primero de octubre.

La reglamentación ha despertado protestas de todo tipo, esgrimiendo distintas libertades: de comercio, a la intimidad, etc.

Cabe señalar que los funcionarios no fuman, al menos en público, y que en las sesiones de la Legislatura porteña el humo del tabaco suele colorear las sesiones más extensas.

Con estar conculcadas varias libertades que la constitucional protege, la ley tiene un aspecto que despertará vivas controversias.

Luego de sucedido el incendio de República Cromañón, los funcionarios involucrados adujeron en su defensa que habían cumplido con las reglamentaciones vigentes.

En efecto, y contra la opinión de los padres, no es el Estado sino los ingenieros y arquitectos quienes habilitan y luego controlan la habilitación de las actividades privadas en la ciudad.

En su doble carácter y como parte interesada, estos profesionales reemplazaron al Estado aunque la constitución de la ciudad, que luce con un texto de lo más moderno, establece que “el poder de policía es irrenunciable” (mientras no se lo delegue).

No hay que ser de lo más avispado para entender que es irrenunciable pero no tanto.

En el caso de la ley antitabaco, ese poder ha sido encomendado a mozos y camareros, quienes están obligados a recordar a cada parroquiano las penalidades resultantes de prender un pucho. Unos 80 mil afiliados al gremio gastronómico en la ciudad se han convertido de hecho en policías municipales, aunque la propia ley no les otorga atribuciones para hacerlo.

Es mucho más fácil operar sobre 8 millones de consumidores que contra 3 empresas productoras.

Quienes así opinan, aducen que se quedarían sin empleo unos 4.500 obreros, más alrededor de 22 mil afiliados al sindicato de comercio; que quebrarían distribuidoras, acopiadores, empresas de transporte y quiosqueros.

Y que se perderían casi 8 mil hectáreas dedicadas al cultivo de tabaco.

El gobierno de la ciudad ganó un impensado aliado en su lucha por el aire puro.

Jorge Rulo, del Equipo de Meditación Campesina (EMC) declaró que, si quebrara la industria del cigarrillo, esas 8 mil hectáreas serían ganadas por la soja transgénica: “El tabaco es un glifosato natural que elimina el bicho bolita, el herpes del tomate y el gorgojo overo”, dijo Rulo.

Los voceros de las empresas tabacaleras afirmaron que no les quedará más remedio que contrabandear su producción al Paraguay, invirtiendo una tendencia histórica en sentido contrario.

Mientras estos paliativos se generalizan, la fijación oral sigue socavando las bases de la civilización sin que nadie intente pararla.

Fornicar y matar

You can read the news and play casino online slots to keep your mind entertained and invigorated during your leave days.

El caso de la chica débil mental violada en La Plata a la que no se le practicó un aborto terapéutico en tiempo “muestra que en este tema hay una alianza entre las corporaciones médica y judicial”, asegura la ensayista Laura Klein.
Más aún: la describe como una “estrategia brillante” de la Iglesia católica y sectores que le responden “de someter continuamente a un debate médico y judicial temas sobre los cuales ya había consenso social y jurídico definido, como es interrumpir sin penalidad la gestación en una mujer violada y deficiente”.

“Lo que se busca es hacer retroceder toda la legislación, aunque para ello se cometan hechos de una enorme crueldad mientras se invoca el derecho a la vida”, opina. Graduada en filosofía y ensayista, Klein es autora de Fornicar y matar, un libro que descubre la espinosa transversalidad de criterios que se esconde detrás de la milenaria pero renovada polémica sobre esos dos pecados capitales.

Ese debate devino en un eje central en la lucha de ideas en Occidente, al punto que en las elecciones presidenciales de 2002 en Estados Unidos diferenció de forma nítida a los conservadores republicanos de Bush y los liberales demócratas de Clinton.

También en la Argentina la cuestión se convirtió en un tema central de la agenda pública como lo revela que sólo en el último mes hubo por lo menos tres hechos de trascendencia relacionados con la cuestión.

Al caso de la chica violada de La Plata, se sumó el de otra menor violada en Mendoza y el debate por la sanción de la ley para permitir dos métodos de anticoncepción -la ligadura de tropas y la vasectomía- en los hospitales públicos. Además, las reformas impulsadas en el Código Penal “se paralizaron al trascender que incluía normas despenalizantes”, opina la especialista.

En este escenario, Klein describe la actitud del ministro de Salud, Ginés González García, como la de alguien que “está librando una batalla con el apoyo de vastos sectores de la sociedad para demostrar que hay problema de su área que deben ser resueltos y también para poner en evidencia que lo criminal son actitudes que impiden el cumplimiento rápido de la ley”.

La lista de casos que generaron una conmoción pública se enriquece cuando se repasa que en menos de un lustro hubo además dos embarazos de bebés con anencefalia que debieron llegar a las Cortes Supremas nacional y bonaerense para poder ser interrumpidos. Además del doloroso caso de Romina Tejerina, la chica jujeña que mató de 21 puñaladas a su bebé recién nacido producto de una violación.

“En los casos de anencefalia era claro que la madre era un sarcófago, que iba a parir un muerto pero hubo voces que dijeron que había que respetar la vida así fuera un minuto, como si vida fuera sólo respirar”, opina Klein, si bien admite que los fallos llenaron un vacío legal.

“Lo de Tejerina, a quién se juzgó por un infanticidio penado por la ley, es una verdadera catástrofe social, como la misma ley llegó a considerar este tipo de hechos hasta no hace tanto”, dice la especialista.

Y agrega: “Una mujer que mata al bebé que acaba de parir porque no puede ni quiso tenerlo, y ni siquiera pudo decírselo a la familia con que vivía, está penada de por vida al margen de lo que opine la justicia”.

El actual caso de la chica platense es emblemático “porque a todas luces ese aborto no era punible según el articulo 86 del Código Penal, pero es revelador de cómo actúan las corporaciones en estos casos”.

Klein apunta especialmente a “las alianzas que establecen la corporaciones médica y la judicial”.

Alude así a la actitud de la fiscal que al enterarse de que el aborto se iba a realizar conforme lo legal, denunció el hecho como una tentativa de crimen e hizo que la jueza paralizara el procedimiento médico hasta que la se expidieran las instancias superiores. Por su parte, los médicos no advirtieron que el paso del tiempo impediría el procedimiento de rutina.

“Ahora nos parece un avance que la Corte Suprema bonaerense haya dicho que era legal practicar un aborto terapéutico, pero ya hay un retroceso, dentro de una estrategia brillante de la Iglesia católica y sectores que le responden para revisar los consensos sociales y jurídicos existentes”, sostuvo la especialista.

“Es común que los médicos pidan autorización y los jueces no respondan porque aseguran que no deben hacerlo pero tampoco obliguen al Estado, es decir al medico que es su agente, a hacer lo que deben hacer sin dilación”

“Los códigos niegan el derecho”
“Lo escucho a Mariano Grondona argumentando que nadie se preocupa de esa vida indefensa que está en el vientre de la madre y me parece una soberana falacia”, asegura Laura Klein.

“A quien más le interesa esa vida es sin duda a la mujer que debe abortar esa vida que engendró. A la sociedad -agrega- seguro que ese chico no le interesa”.

Con esa excepción y otras pocas, la especialista valora muy especialmente el rol que están jugando los medios de prensa cada vez que surgen estos temas “porque la actitud general es que lo transmiten como una injusticia”.

“La mirada de los medios es que los códigos violan el derecho de esa mujer que es la que padece el conflicto real”, estima.

Esta fricción entre derechos y poderes, ya sea el que se arroga el Estado de penalizar la interrupción de un embarazo o el de la mujer de poder concretarlo, es tan intensa que -según Klein- “las mujeres abortan igual, aunque arriesguen la vida”.

Progres

mochablon-y-marchant-f2d38Fragmento de la introducción de PROGRES, libro de entrevistas sobre la historia del progresismo en Argentina que el Centro de Estudios e Investigación HUMAHUACA presenta este jueves 3 a las 19 horas en Perón 940, Capital.

El libro incluye entrevistas a Martín Sabatella, Chacho Álvarez, Aníbal Ibarra, Mario Wainfeld, Antonio Cafiero, Carlos Heller, Miguel Lifschitz, Daniel Filmus, Jorge Telerman, Miguel Bonasso, Luis Alberto Quevedo, Torcuato Di Tella, Francisco “Tito” Nenna, Edgardo Depetri, Fabio Basteiro, Francisco “Pancho” Talento, Juliana Marino, Federico Storani, Gabriela Alegre, Adriana Puiggrós, Ariel Schifrin, Eduardo Jozami y Vilma Ibarra.

El progresismo toma forma durante el primer período de Menem, y accede al gobierno de la ciudad sobre finales de la década del ‘90. Por las características del tiempo político, en su matriz estaba presente la derrota de los proyectos emancipatorios de los ‘70, las huellas del terror de la dictadura, el disciplinamiento social producido por el desempleo y la hiperinflación y la hegemonía cultural e ideológica del conservadurismo. Muchos de los protagonistas del progresismo vivieron las crisis de las izquierdas y de la tendencia nacional popular, presenciaron el devenir grisáceo del alfonsinismo, perdieron con la renovación peronista y sufrieron con un justicialismo hecho herramienta del neoliberalismo. El “fin de la historia”, el “fin del trabajo”, el auge del mercado, la redefinición dramática de los sujetos populares y el sobredimensionamiento del individualismo eran algunos de los elementos que configuraban el clima político de la época. Así, el triunfo aplastante del neoliberalismo, la mella de los mandatos del radicalismo y el peronismo y el retroceso de la incidencia de los sectores populares dejaron huellas que estructuraron en parte al progresismo como cultura política.

Estas circunstancias estrecharon los márgenes de lo considerado posible. La constatación de ser derrotado, el haber sufrido golpes y pérdidas, limitó la vocación de transformación radical y profunda, y subrayó el rol de la gestión y de la administración de los poderes existentes. Así, el cambio social perdió épica y se convirtió en política sociales. La asimetría entre sur y norte de la ciudad, dejó de ser terreno de las organizaciones políticas y sociales para ser ocupado por técnicos y planes estratégicos. En este sentido, los poderes que estructuran las desigualdades e injusticias de la ciudad se mantuvieron con poca modificación. Peor aún, aquellos que podrían haberlos trastocado, generalmente, los entendieron como inmodificables.

Incluso en el terreno del lenguaje político el progresismo no fue capaz (o por lo menos no le pareció sustantivo) de recuperar los grandes relatos de la política, mostrando su necesidad de adecuarse a los tiempos y humores de lo cotidiano. Se aceptaron así corrimientos semánticos (de “pueblo” a “gente”, de “gobierno” a “gestión”, de la política como “disputa” a la política como “consenso”) que terminaron por convertirse en guías ideológicas respecto a las formas de pensar lo popular y la construcción de poder. De esta forma, si no hay transformaciones radicales, tampoco hay conflictos radicales.

Así, se delineó una idea, donde la política camina por la construcción de consensos y los conflictos deben ser exclusivamente de baja intensidad. Existió una lógica donde se creía que la institucionalidad democrática tenía la capacidad de procesar el conflicto y encontrar constantemente el punto de equilibrio entre los diferentes intereses, siempre enmarcado en un proceso de cada vez mayor equidad social. Lo que sucedió fue que se construyeron consensos, pero los mismos no distaban de la sociedad existente y desigual. Peor aún, la dictadura, el neoliberalismo y estructuras muy consolidadas en la ciudad, formaron unos sectores dominantes con escasa vocación de compartir, distribuir y democratizar. Por lo tanto, se priorizó la modificación moderada y paulatina de la sociedad en los planos de la sociedad alejados de los intereses materiales más concretos. Más bien, los cambios, sin pretender minimizar, estuvieron afirmados en las políticas culturales o simbólicas.

Esta lógica desplaza las ideas de la construcción y la fuerza política, centrándose en la noción de gestión y administración. Así, no había que organizar, movilizar, convencer y transformar, sino que era necesario representar (en términos de ocupar el lugar por otro), administrar y gestionar. La militancia de estas corrientes, que paradójicamente era mucha y orgullosa de su condición de tal, fue marginada y algunos se convirtieron en “operadores” o “referentes”. La interpelación al pueblo y a los trabajadores dejó lugar a la gente, a la opinión pública o a la ciudadanía. Asambleas, sindicatos, locales barriales, el periódico, dejaron de ser canales de comunicación con la sociedad y la militancia y su lugar fue ocupado por una comunicación unidireccional realizada, únicamente, a través de los medios masivos de comunicación.

En estos sucesivos desplazamientos, y muy acentuado por la necesidad de que los políticos sean televisivos, se banalizó la política, se recortaron sus aspectos plebeyos, incómodos, transformadores y desprolijos. Se la limitó en su potencia y se volvió asimilable para los humores de moderados sectores medios, bien pensantes, comprometidos con el prójimo, pero sin disposición a atropellar o a ser atropellados para cambiar algo. Humores que entre sus principales características se encuentra la de su volatilidad. El progresismo entendía que su tarea era expresar a la sociedad. No se decía lo que “hay que decir” sino lo que “podía ser escuchado”. Los humores sociales no eran un punto de partida, son por el contrario, el límite. En otras palabras, lo social no es el terreno de la disputa y del convencer al otro, sino que es el punto de la factibilidad política. Quizás por eso, la política termino siendo una actividad que tenía que transformar la sociedad sin enojar a la audiencia matutina de Radio Mitre.

Muchas de estas ideas, se delineaban y se insinuaban durante los gobiernos progresistas de la Ciudad de Buenos Aires. Esta crítica, estaba en germen dentro de sectores que hacían política. El 2001 y el primer gobierno de Kirchner, pusieron en perspectiva las posibilidades de la política. Los márgenes de lo factible, de lo posible de ser realizado estaban mucho más distantes de lo que el progresismo había delimitado. Los límites al cambio no estaban determinados estructuralmente, sino, en muchas oportunidades estaban condicionados por la levedad y tibieza de los sujetos.

La imprescriptibilidad en las Naciones Unidas

CTA-int-2-c8221La comunidad judía y el gobierno argentino razonan que los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA son crímenes terroristas de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles. El debate no es ajeno a la ONU, que intenta afanosamente determinar qué es el terrorismo.
El Relator Especial de la ONU para promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha antiterrorista, el finlandés Martín Scheinin, reconoce que Naciones Unidas carece de una definición “universal, completa y precisa” del “terrorismo”.

Lo ha escrito en un reciente informe abierto a la consulta pública en el portal de Internet de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. El tema será abordado en septiembre próximo por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, del que forma parte Argentina, un organismo compuesto por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas. (1)

La conclusión de Scheinin emerge tras la consulta de las 13 convenciones internacionales vinculadas o conexas a este problema. Si bien la ONU parece preferir los conceptos a las definiciones -tal vez por el principio romano de ‘omnio definitio periculosam est’, quizás porque “toda definición es peligrosa”- Scheinin se lanza en su búsqueda proponiendo articularla en torno a “una aproximación cumulativa”, a partir de ciertos criterios que se decantan del análisis de 640 documentos existentes en la ONU sobre éstas cuestiones.

Para Scheinin las “infracciones terroristas” serían aquellas perpetradas con “la intención de causar la muerte, heridas graves o toma de rehenes”, tanto en militares como en civiles, e “independientemente de toda justificación por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar”.

A su entender, el móvil de las mismas se localizaría en “provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo”.

Poco antes del reciente aniversario de la voladura de la AMIA, el Ministro de Justicia, Alberto Iribarne y su Secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, abreviaron que los ataques a la mutual judía y a la Embajada de Israel eran “crímenes terroristas que no prescriben porque son de lesa humanidad”. Esa imprescriptibilidad estaría dada “por tratarse de destrucción masiva e indiscriminada de vidas humanas”, ante lo cual el Congreso debería legislar en la materia. (2)

Si el Parlamento se pronunciara en ese sentido no debería dejar de tomar en cuenta que la imprescriptibilidad en la ONU se basa en el carácter masivo o sistemático del crimen. Hasta ahora han sido acusados sobre esa base algunos Estados que propiciaron o ampararon dictaduras, y a título de ejemplo el último régimen militar en la Argentina así lo prueba con el fenómeno de las desapariciones forzadas, que por constituir un sistema represivo masivo y de alcance nacional, cometió un crimen de lesa humanidad, tal como lo viene de recoger la Convención Internacional que acaba de adoptar el Consejo de Derechos Humanos en junio pasado.

Esa Convención destaca que cualquier desaparición es un delito grave, pero para que se la considere un crimen de lesa humanidad deben convertirse en un patrón generalizado de represión, un método que sobrepase algunos casos aislados. Y en la eventualidad que los autores no fueran agentes gubernamentales, sino “personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, la Convención dice que los países deberán tomar “las medidas apropiadas para investigar y procesar a los responsables”. (3)

La imprescriptibilidad de este tipo de crímenes horrendos en la legislación argentina la estipulan dos leyes, concatenadas entre si. La primera, número 24584, aprobada el 23 de noviembre de 1995, a instancias del entonces senador de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen. La segunda, número 25778, le dio jerarquía constitucional el 2 de septiembre de 2003. De este modo la Argentina incorporó a su derecho interno la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que la ONU hiciera entrar en vigor el 11 de noviembre de 1970. (4)

Entre lo novedoso de su contenido aparece la anulación del principio de la no retroactividad de la norma, es decir que se la puede aplicar a hechos anteriores a su adopción.

El texto indica “que en ninguna de las declaraciones solemnes, instrumentos o convenciones para el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se ha previsto limitación en el tiempo”, afirmando que esos crímenes “son imprescriptibles, cualquiera sea le fecha en que se hayan cometido”.

Los crímenes referidos son los establecidos por el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, confirmados por la Asamblea General de la ONU, el apartheid, el genocidio y “los delitos de derecho internacional más graves”.

En este contexto, es imperioso caratular si los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA son actos terroristas a la luz de lo que defina una ley aún inexistente en la Argentina, en el precario marco internacional actual, y si los mismos pueden acogerse a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, para lo cual tienen que haber sido masivos, debiendo haber afectado al conjunto de la población habitante de un país, o sistemáticos, vale decir el producto de un sistema represivo que se hubiera abatido sobre la totalidad de los habitantes de Argentina.

Notas:

(*) Juan Gasparini es un periodista argentino que vive en Ginebra y está acreditado en las Naciones Unidas. Es miembro de la ONG “Nuevos Derechos del Hombre”, que brega por el reconocimiento de las convenciones internacionales de la ONU en materia de Derechos Humanos y ha publicado recientemente en Argentina ‘Manuscrito de un desaparecido en la ESMA- El libro de Jorge Caffatti’ (Norma).

– (1) Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E/CN.4/2006/98.

– (2) Clarín, Buenos Aires, 6 y 10 de junio y 24 de julio de 2006.

– (3) Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/1/L.2

– (4) La ley 24584 fue publicada en el Boletín Oficial el 29-11-1995, y la Ley 25778 el 3-9-2003.

Hacia el desierto verde

img (2)Hasta ahora, la ampliación de la “frontera agropecuaria” aparecía como un objetivo indiscutible del Progreso. Pero el implante de soja transgénica es imparable. La cosa es grave y no se reduce a una cuestión medioambiental.

El año pasado, Argentina perdió unas 300 mil hectáreas de bosque nativo, reemplazados por soja.

La zona más afectada es la provincia de Salta. Hace pocas semanas el Presidente de la Nación firmó el decreto de traspaso a la comunidad wichi de unas 20 mil hectáreas de la Reserva Pizarro, que el gobernador Romero había decidido lotear precisamente para que sus amigos implantaran la semilla patentada por Monsanto.

La deforestación, relacionada con el avance de la “frontera agropecuaria”, produjo la desaparición de especies animales y vegetales, y muchas poblaciones fueron desplazadas. La situación fue denunciada por funcionarios de la secretaría que dirige Romina Picolotti, quienes corroboraron que se desmonta anualmente un uno por ciento del bosque nativo, pero que en algunas zonas esa tasa llega al 10%, lo que significa que a ese ritmo, en diez años esos lugares podrían quedar sin bosques.

La situación no es nueva. Los desaparecidos quebrachales de Santiago del Estero y del norte santafesino abastecieron al ferrocarril inglés y la industria del tanino.

El país perdió en el siglo XX un 70 por ciento de sus bosques.

Salta hace cabeza con 200 mil hectáreas.

Ni un tirón de orejas?

duhalde-_-de-narvaez-ab252Por Jorge Devincenzi, especial para Causa Popular

Por Jorge Devincenzi, especial para Causa Popular.- En 1978, la dictadura argentina pagó 394,5 millones de dólares para estatizar la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIAE). La cotización que se había hecho en 1975, estudios posteriores e incluso las valuaciones del entonces subsecretario de Energía (que la valuó 100 millones de U$S abajo), indican que el precio real era mucho menor, y que el perjuicio para el Estado fue de más de 156 millones de dólares.
SUBNOTAS
Uso frecuente de nombres falsos
Personajes que intervinieron en el caso Ítalo
La Ítalo, Martinez de Hoz y un desaparecido desde 1977: ¿Quién mató a Juan Carlos Casariego del Bel?
Situación

Estatizar la CIAE era una decisión antagónica con los lineamientos de la política económica liberal de la dictadura del 76-83, que inauguraba un proceso sistemático de desguace del Estado y outsourcing. Es decir, cuando todo se privatizaba, la CIAE era estatizada.

En décadas anteriores, las centrales de la Ítalo habían sido interconectadas con las de Segba (estatales) para impedir que la oferta de energía colapsara.

A pesar de ello, los cortes eran frecuentes y la interconexión ocultaba la verdad: la CIAE, que no proveía más del 10% de toda la oferta, estaba incapacitada para prestar el servicio porque sus equipos no producían lo que exigía el contrato. Aunque durante el primer gobierno peronista se había decidido interconectar todo el sistema bajo la supervisión de la recientemente creada Agua y Energía (a fin de lograr un creciente control estatal), esa misma interconexión se había convertido en un negocio para la empresa, que terminaba distribuyendo, con cables instalados 50 años atrás, electricidad producida en usinas del Estado.

Aunque ésta situación anómala era causal de recesión inmediata, cualquier indemnización era tan excelente negocio para los accionistas de la Ítalo como pésimo para el Estado ya que la mayor parte de sus activos estaban amortizados.

Pero sus directivos, colocados en distintos gobiernos (Frondizi, Guido, Videla), lograrían primero prorrogar ilegalmente la concesión, y luego, cuando la decisión de nacionalizarla estaba tomada y la Procuración había emitido un fallo lapidario declarando nulo el contrato, sobrevino la dictadura y, en un sórdido vuelco de 180°, sus dueños fueron generosamente indemnizados.

El grupo y sus jugadores

En 1977 el panorama era el siguiente:

La CIAE era una empresa de capitales suizos, filial del consorcio Motor Columbus con sede en Suiza.

Integraban el grupo las empresas locales: Sociedad Comercial del Plata; diversas compañías eléctricas ubicadas en el interior; la Cía Industrial Sud Americana y la Cía General de Combustibles (CGC), petrolera. Esta última, creada con el único objetivo de abastecerla de fuel-oil barato que producía YPF.

El argentino-suizo Francisco Soldati (padre) presidía la CIAE, CGC y Comercial del Plata. También había sido director de Motor Columbus.

Su hijo homónimo era director del Banco Central, y también lo era de Comercial del Plata y CGC. Se reunía frecuentemente con los negociadores del traspaso. Roberto T. Alemann integró el directorio de Motor Columbus y CGC. Además, representó a la Unión de Bancos Suizos, accionista de la CIAE y de Motor Columbus. Había suscripto como ministro de Economía en 1961 el nuevo contrato de concesión.

El embajador suizo en Argentina durante la estatización era director de Motor Columbus. Parte del paquete de Motor Columbus pertenecía a la británica Brown Boveri. Walter Boveri era director de la CGC.

El ministro José Alfredo Martínez de Hoz era director de CIAE desde 1969 y se excusó de actuar, pero sólo formalmente.

El empresario Nicanor Costa Méndez, anterior ministro de relaciones exteriores de Onganía, era presidente de la CGC y volvería al mismo ministerio en 1982. Como director del Banco Central, Eugenio Folcini participó en un elemento clave de la negociación: aconsejar que el convenio se hiciera en francos suizos, porque los dólares inicialmente reclamados por la empresa se estaban devaluando en el mercado financiero internacional.

Al ser interrogado por el Congreso en 1985, Folcini aseguró que asesoraba a los negociadores como director del Banco Central.

Su presidente Adolfo Diz, sin embargo, sostuvo que lo hacía a título personal.

Folcini luego fue presidente del Banco Central nombrado por Carlos Menem, como lo había sido su padre en el de Lonardi.

Cómo empezó todo

El 4 de octubre de 1912, la CIAE obtuvo la concesión para prestar servicios de generación, distribución y venta de electricidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires (en la zona de la actual Edesur), y luego se extendió a algunos partidos del Gran Buenos Aires.

En cuanto se otorgó la concesión, el secretario del Obras públicas municipales, Atanasio Iturbe, fue premiado con un lugar en el directorio. Lo mismo haría el intendente Tomás de Anchorena tras cumplir su mandato.

El convenio establecía que los edificios, terrenos, maquinarias, red de cables, cajas de distribución, conexiones, estaciones secundarias y de transformación pasarían automáticamente al patrimonio de la municipalidad de Buenos Aires sin cargo al término del contrato, igual que todas las ampliaciones y extensiones. Mediante una amortización progresiva del 2% anual, la municipalidad iba convirtiéndose en condómino de la compañía. Se establecía un fondo de previsión o renovación, suerte de garantía pagada por las tarifas que aseguraba que al terminar la concesión todas las instalaciones pasarían al Estado en perfecto estado de conservación.

Innovaciones en la década infame

En 1936 se modificaron los términos de la concesión original por la ordenanza 8029, con una anticipación de 25 años respecto del vencimiento del plazo original, Algo similar decidiría el gobierno de De la Rúa con el yacimiento Loma de La Lata en el 2001.

Los concejales, que habían sido sobornados por Sofina, el grupo belga dueño de la CADE, establecieron que la cesión sería mediante un acto de compraventa.

Como pago, se les regaló el edificio de la Casa Radical. Las ordenanzas fueron tan escandalosas que en 1943 se formó una comisión investigadora integrada por Matías Rodríguez Conde, Juan Sábato y Juan Pablo Oliver, donde se determina que lo actuado en 1936 es absolutamente ilícito. Su informe recién sería publicado por Eudeba en 1974, cuando la dirigía don Arturo Jauretche.

En 1957, una comisión del gobierno (dec. 4498/57) dictaminó que “el contrato de 1936 fue celebrado sin licitación previa… ni contó con la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante, por lo cual se produce la nulidad de la concesión.

Frente a ello, la CIAE inició juicios contra la municipalidad y el Estado Nacional.

Alemann y Gelbard

En 1961, el Estado aprueba un nuevo convenio de concesión que mejora las condiciones de la ordenanza de 1936. Se le garantizaba un porcentaje mínimo de rentabilidad, asegurándole una utilidad neta sobre el total de sus inversiones en bienes de uso, los que serían revaluados anualmente. El Estado se convertía en avalista de los préstamos que tomara la CIAE, y ésta se comprometía a modernizar los equipos.

El convenio fue aprobado por el decreto 5571 y firmado por Frondizi, Roberto T. Alemann y Jorge Wehbe. El segundo no creyó pertinente excusarse.

El télex de setiembre 1962 del presidente de la CIAE a la central de Motor Columbus muestra qué seriedad otorgaba el consorcio a sus obligaciones: “Hemos resuelto postergar o reconsiderar según circunstancias, siguientes puntos del convenio…” refiriéndose al compromiso de ampliar la Usina Puerto Nuevo con un turbogrupo de 200.000 kW, y agregar tres subusinas de transformación.

Las promesas de inversión de 1961 recién se harían realidad durante 1967 (dictadura de Onganía) cuando el Estado se avino a avalar la compra de equipos Brown Boveri (del mismo grupo Motor Columbus) pagados por el Banco Industrial, que así tendría otro motivo para quebrar.

La naturaleza de estos avales puede apreciarse en la carta de presidente de la CIAE del 7/1/72 a la central de Motor Columbus: “Quisiéramos señalar que el banco (Banco Nacional de Desarrollo, ex Banco Industrial) paga estas operaciones sin indicar que lo está haciendo con sus fondos propios, por lo cual les rogamos que mantengan la más estricta reserva sobre el particular, para no perjudicar innecesariamente nuestro crédito”.

En 1975, la Procuración General del Tesoro establecería que después de 1961, la CIAE “nunca aportó capitales nuevos e hizo de la inflación uno de sus principales negocios. Como muestra de esto último queda el revalúo permitido por el Convenio de Concesión que le posibilitó incrementar al 31 de diciembre de 1961 en 1.800% el valor de la reservas respecto al 31 de diciembre del año anterior, y aumentó en la misma medida el valor de su capital accionario”.

En 1974 se crea una comisión de estudio de la concesión formada entre otros por Guido di Tella y Alieto Guadagni. El entonces ministro de Economía José Ber Gelbard suscribió sus conclusiones y recomendaciones: pagar unos 60 millones de dólares. Durante la dictadura deaparecerán todos los antecedentes de la CIAE archivados en el ministerio de Economía.

Minutos antes de marzo de 1976

En los últimos meses de 1975 se había sancionado el decreto 648, por el que se declaraba “la manifiesta irregularidad y en consecuencia la ineficacia e inexigibilidad del contrato-concesión suscrito entre el gobierno de la Nación y CIAE con fechas 12 de mayo y 30 de junio de 1961…” y se instruía “a la Procuración del Tesoro de la Nación para iniciar oportunamente las acciones judiciales tendientes a obtener la declaración de nulidad de los contratos mencionados”.

Isabel Martínez anuncia que la Ítalo sería nacionalizada. Por decreto 731 se encomienda requerir al procurador del Tesoro que estudie la legalidad del contrato-concesión. El dictamen del procurador Edgar Sáa del 30 de diciembre de 1975 determina que el convenio de 1961 lesiona las concesiones que otorgara el Congreso mediante ley 14.772 a empresas estatales o de propiedad estatal; su aprobación por decreto no es suficiente para conferirle eficacia; y es violatorio del régimen de las actividades eléctricas, todo lo cual ocasiona su nulidad absoluta.

Entra Martínez de Hoz

Por decreto 223 de abril del 76, la dictadura, considerando los diferendos con el Estado que existían con distintas empresas, creó en el área del ministerio de Economía varias comisiones asesoras que estudiarían la situación, entre otras, de Siemens y Standard Electric (proveedores de EnTel), CIAE, Esso y Shell (por la nacionalización de las bocas de expendio), etc.

Por decreto 274 del mismo mes de abril, el ministro de Economía se excusa para intervenir en asuntos de que pudieran ser parte interesada la CIAE. Sin embargo, luego él mismo nombra, por Res. 92/76, a los miembros de la comisión que se encargaría del caso Ítalo, formada por civiles y militares.

La primera comisión solo era asesora, pero con la resolución 92 se convierte en negociadora y se incorporan nuevos miembros, cercanos al ministro.

A continuación se promulga la llamada Ley 21.299 que declara suspendidos por 180 días todos los juicios que mantiene el Estado con empresas privadas. No fue derogado el decreto 648 de nulidad del contrato, porque eso hubiera significado que se generalizara la sospecha sobre los que se estaba tramando, y Martínez de Hoz anuncia a la prensa que su objetivo es lograr una buena negociación para atraer capitales.

La comisión investigadora de diputados probó en 1985 que los involucrados se reunían habitualmente en el despacho del ministro para evaluar las alternativas de la negociación, y que éste viajó a Suiza para finiquitar los detalles. El acta 19 de la comisión señala textualmente que Martínez de Hoz convocó a sus miembros a su despacho “a fin de tratar asuntos vinculados con el tema Ítalo”.

En el acta 9 de la comisión 6 encargada del caso Ítalo se indican las posibles líneas de acción: compra de la empresa, firma de un nuevo contrato de concesión o expropiación.

Cuando el almirante Massera pareció interesarse por el tema, un capitán de fragata Pérez Ciccone le eleva un informe en el que señala que: “los elementos con los que cuenta el suscripto sólo consisten en las publicaciones de la empresa” y que “el patrimonio neto se encuentra comprometido”: el pasivo había subido de 1.500 a 10.179 millones de pesos entre 1973 y 1975: y los compromisos en el mismo período habían pasado de 828 a 4.344 millones de pesos.

La conclusiones de la comisión necociadora indicaron dos cursos de acción: 1) derogar el decreto 648 de Isabel Martínez y “no tomar otra acción dejando la iniciativa a la empresa, la que presumiblemente denunciarían el convenio”, o 2) negociar la compra con la empresa.

Luego del viaje de Martínez de Hoz a Suiza, la Junta Militar produjo el acta secreta n° 40 en la que se decide adoptar el curso de acción 2, la compra, aunque la comisión parecía sugerir la pertinencia del primero.

Luego se designa al doctor Alejandro Caride, un ex juez de menores y amigo personal del general Videla, como negociador único. Ante los diputados, en 1985, Caride reconoció su desconocimiento de las ramas del derecho que involucraba la negociación, aunque se justificó en “el patriotismo” y que “la estatización era virtualmente inevitable”.

El 2 de junio de 1978 se firma el pre-contrato. Los estudios realizados en 1985 establecieron que el costo total de la transferencia fue (en dólares):

Un funcionario subalterno del ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bel, director del registro de Inversiones Extranjeras, encargado de certificar que la CIAE era una empresa de capitales extranjeros, fue secuestrado el 15 de junio de 1977 y desapareció. Tres ex directivos de la CIAE pasaron a formar parte del directorio de Agua y Energía.

La CIAE nunca pudo demostrar origen, monto y aplicación de las inversiones que la hubieran catalogado como empresa extranjera, refugiándose en las ambiguedades del contrato de 1961.

Un año después de celebrado el contrato de traspaso, el subsecretario de Inversiones Extranjeras Federico Dumas, superior del desaparecido Casariego del Bel, todavía preguntaba por nota cuáles habían sido las inversiones y cuál era el capital de la CIAE.

Dumas también era asesor de ADELA, el grupo inversor con sede en Bahamas e integrado por Adalbert Krieger Vasena que vació el frigorífico Swift.

Tampoco se excusó Martínez de Hoz cuando designó al contralmirante Fitte como administrador de los bienes de la ex CIAE. Nunca se hizo inventario de bienes, nI nunca se supo qué se recibió ni en que estado.

A mediados de los 80, un estudio técnico de Segba estableció que la mayor parte de los equipos que habían pertenecido a la ex CIAE estaban amortizados, eran chatarra y habían superado ampliamente su vida útil: seccionadores instalados a principios de los 30, turbinas obsoletas y cables con 50 años de antigüedad que la ex Segba se vería obligada a reemplazar con créditos del Banco Mundial y BID.

Hoy, la Central Puerto Nuevo es un monumento al óxido y a la infamia.

El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por unos bienes que en poco tiempo se convertirían en chatarra.

La guerra del petróleo

img (3)Entre 1932 y 1935 tuvo lugar una guerra fantástica en el centro de la América del Sur. Bolivia y Paraguay, dos países que se cuentan entre los más pobres del mundo, lucharon empleando el más moderno armamento, anticiparon las técnicas y la estrategia de la Segunda Guerra Mundial, perdieron 90 mil hombres según estadísticas oficiales o 150 mil según observadores extranjeros, a pesar de que tenían población en cantidad diminuta.
Para hacer la guerra, estos dos países insolventes, manteniendo a sus respectivos pueblos en la más absoluta miseria -en Bolivia se mataba el hambre mascando coca- recurrieron a un endeudamiento absurdo, cientos de veces superior a su capacidad de pago y como consecuencia de tales deudas, contraídas para adquisición de armamento, cayeron en una miseria que las ahoga hasta hoy.

¿Por qué?

Porque el trust del petróleo quería el petróleo del Chaco. La Standard Oil of New Jersey, que llegó a Bolivia en la década del 20, representando un imperialismo salvaje y violentísimo, dominó al país y lo empujó a la guerra. La sociedad boliviana -en la que el indio era un esclavo sin derecho tan siquiera de hablar su propia lengua, que tenía prohibido conversar si estuviera un blanco en las proximidades, feudal hasta la raíz, con una oligarquía prepotente y venal- también necesitó de la guerra para recuperar el “honor nacional” y alejar la posibilidad de la revuelta popular que comenzaba a manifestarse estimulada por dirigentes de la izquierda, contra una guerra “patriótica”.

En Bolivia se unieron los intereses de las oligarquías que necesitaban mantener el orden feudal, salvar al gobierno y conquistar un territorio, a los de la Standard Oil que, indiferente a cualquier otro motivo, quería -y lo obtuvo- el petróleo del Chaco.

El Paraguay, una nación tan pobre como Bolivia, de potencial expoliativo (en otros términos, donde se podía robar) mucho menor que el de Bolivia, estaba igualmente sujeto al proceso de imperialismo brutal que se había impuesto en América del Sur. La Royal Dutch Shell, el trust petrolero inglés, estaba aliado a la Argentina, que dominaba al Paraguay con un subimperialismo grotesco y eficiente y armó al Paraguay para la guerra.

Bolivia y el Paraguay luchaban por el petróleo. Los paraguayos eran el arma de la Shell aliada a la Argentina. Los bolivianos, el arma de la Standard Oil, que tuvo igualmente la ayuda del Brasil.

Pero la Guerra del Chaco no podría ser reducida a explicaciones tan simples y debe ser interpretada desde sus más remotos orígenes, analizada la naturaleza de las sociedades paraguaya y boliviana, entendida considerando las contradicciones políticas y sociales de estos dos pueblos pobrísimos y, principalmente, desentrañada del frío e inescrupuloso proceso imperialista que el trust petrolero desarrolló sobre ambos pueblos. Este conocimiento servirá como ejemplar lección a los pueblos que luchan por su libertad.

La Guerra del Chaco es, igual que lo fue la guerra del Paraguay de 1864/70, una de las etapas más claras del proceso de expoliación que el imperialismo he hecho en la América del Sur. Es necesario descubrir sus causas, analizar sus efectos, mostrar a la luz la sociedad feudal boliviana en que hasta mediados del presente siglo el indio (85% de la población) era un esclavo en condiciones de vida peor que la del negro africano en el Brasil del siglo XIX. Sólo así se podrá comprender las repercusiones actuales de esa guerra. En cuanto al Paraguay, donde la guerra tuvo resultados opuestos a los de Bolivia, sedimentando un proceso de militarismo que se apoderó del pueblo, con regímenes duros que causaron más daños de todo orden que la misma guerra.

1. Petróleo: origen de los desastres de dos pueblos subdesarrollados
“La rosa American Beauty sólo puede alcanzar el máximo de su hermosura y el perfume que nos encantan, si sacrificamos otros capullos que crecen en su redor. En el mundo de los negocios, esto mismo acontece, sin que por eso fuera precisamente una tendencia malsana, sino que ello es, simplemente, el resultado de una combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios”.

El pensamiento que se transcribe pertenece a John D. Rockefeller Jr. Los latinoamericanos son los “capullos” que han de ser sacrificados para que florezca y alcance su “máxima belleza y perfume que nos encantan” la hermosísima American Beauty de Mr. Rockefeller.

Esa “belleza americana” son los dólares que los trusts acumulan en todo el mundo. Exprimen a los pueblos subdesarrollados y pagan heraldos para convencer al mundo de que la expoliación a que someten a los pueblos es “simplemente la combinación de una ley de la naturaleza con una ley de Dios”. Vamos a alejarnos un poco de la América Latina a fin de ver, rápidamente, el origen de esta rara combinación de leyes de la naturaleza y de Dios en favor de la cuenta bancaria del imperialismo internacional.

En el caso de Standard Oil, el trust petrolero inventó y alimentó, aprovechándose del nacionalismo torpe de pequeños dictadores, la Guerra del Chaco que causó millares de víctimas y mantuvo en situación todavía más baja que la condición sub-humana en que los respectivos pueblos vivían, el Paraguay y Bolivia. En esta última, el 85% de la población era tratado como esclavo.

Para medir el grado de responsabilidad de la Standard en la Guerra del Chaco es necesario familiarizarse con el gangsterismo que, a partir de 1859, cuando el coronel Edwin L. Drake descubría petróleo en Pensylvania; se estableció en todo el mundo, donde había o se sospechaba que hubiera petróleo.

Los monopolios no eran una novedad en la historia del mundo. Ya en Bizancio, en el año 483, hubo una represión gubernamental contra una monopolización del mercado: buscando provocar una alza de precios, comerciantes y artesanos acapararon mercancías, pero descubiertos, sus bienes fueron confiscados y ellos exiliados.

Otro recurso, también ampliamente usado por los trusts petroleros, la división del mercado, ya era conocido desde el siglo XV o antes. Como ejemplo, el papa Alejandro VI en 1493 dividió el mundo en dos partes, adjudicando una a los españoles y otra a los portugueses.

El Tratado de Tordesillas es uno de los ejemplos clásicos de esa división. Los grandes trusts petroleros ofrecen buenos ejemplos históricos. Los agitados comienzos del presente siglo y el perfeccionamiento de los métodos de expoliación del capitalismo les proveyeron de un magnífico know-how para conquistar posiciones en una guerra que iría a las últimas consecuencias, valiéndose de cualquier proceso, sin retroceder ni ante el más brutal gangsterismo que sirvió para sedimentar la fortuna de los Rockefeller.

Cuando los trusts petroleros dominaron el Departamento de Estado y pasaron a controlar la política exterior de los Estados Unidos, la situación internacional tuvo un nuevo elemento desestabilizador que venía a agregarse a los conflictos mundiales conocidos. Antes de entrar en el problema de la Guerra del Chaco, es oportuno trazar un perfil, aunque más no sea que sintético, de la expansión del trust petrolero y de cómo éste manipuló el gobierno de los Estados Unidos y la opinión pública para controlar los negocios del mundo, empleando el soborno y el chantaje además de otros recursos.

2. Una riqueza nada social que corrompe el mundo
¿Es el petróleo una fuente de riqueza y desenvolvimiento social? Si fuéramos a responder “técnicamente”, diríamos que sí: el combustible da movimiento a las máquinas, empuja automóviles, genera riqueza y empleo. Desde el punto de vista capitalista, la industrialización del petróleo y el refinamiento de la gasolina se proyectan a un extraordinario progreso.

Pero si la pregunta tuviera que ser respondida en forma global, analizando la influencia de los mecanismos petroleros en la conducción de sus negocios, en otros términos, mirando a los trusts de frente, con Rockefeller comandando el espectáculo que se inició en los comienzos del presente siglo, la respuesta es ciertamente no: el petróleo es una fuente de riqueza antisocial y al servicio, políticamente, de fuerzas reaccionarias, así en los Estados Unidos como en todo el mundo donde la explotación no esté nacionalizada.

El petróleo sustenta dictaduras como la de Arabia Saudita y gobiernos que mantienen a sus respectivos pueblos en extrema miseria, como ocurre en todos los países árabes. En los Estados Unidos, el petróleo es una riqueza que sirve a una oligarquía para influir en la sociedad corrompiendo, chantajeando y manteniendo un orden de cosas “en su lugar”, es decir al servicio de los intereses de la oligarquía e inamovible.

En cierta forma, el trust petrolero es una amenaza a la sociedad: corrompe gobiernos, produce riquezas ilegítimas, ofrece ganancias fabulosas en poder de unos pocos que tuvieron la audacia de actuar con osada piratería en los comienzos del siglo y hoy extienden su privilegio a sus herederos. Pero el petróleo es, a pesar de todo esto, un bien común: la naturaleza lo ha acumulado en el interior de la tierra.

Es un bien común que el pueblo, con excepción de aquellos en que los gobiernos estatizaron la producción, no ha podido controlar y mucho menos usufructuar. Por el contrario: el petróleo produce “sufrimiento”.

Aun dentro de los patrones clásicos del capitalismo, no existen límites para la explotación del trust petrolero: la ley de la oferta y la demanda resulta falsa por mucho que aparenta existir. Los precios son dictados en Nueva Jersey o Nueva York por ejecutivos ubicados a millares de kilómetros de los pozos que están vertiendo petróleo en Oriente Medio o en Venezuela, específicamente en el período de que trata este libro, es decir hasta el final de la guerra en 1935 y los ajustes diplomáticos que hubieron hasta el fin de la década del 40 para la división del petróleo del Chaco entre los trusts petroleros interesados.

La concentración de riquezas en las manos de las siete hermanas (son siete las grandes empresas) es tan portentosa que una sola de ellas tiene más poder que la mayoría de las naciones del mundo. Por ejemplo: en 1959 la Standard Oil of New Jersey, hoy convertida en sociedad anónima con acciones “pulverizadas” en todo el mundo (la Exxon), tuvo un presupuesto de 7 mil millones de dólares, y de este enorme monto pagó menos de 800 millones en concepto de impuestos.

En 1978, el total de ventas de la Exxon (nombre actual do la Standard Oil of New Jersey) alcanzó a 54.126.219.000 dólares, con un lucro líquido declarado de 2.422.964.000 de la misma moneda, ¡lo que significa que las ventas de la empresa Exxon (o lo que es lo mismo la Standard Oil) representan el 4.132% más que el PNB de las dos naciones, el Paraguay y Bolivia, reunidas.

Es interesante pasar la vista a las ventas y ganancias de algunas “hermanas” de esta familia:

Considerando sólo estas empresas, algunas de las cuales pertenecen al mismo grupo, se puede observar el siguiente resultado que corresponde al movimiento de 1978:

– Total de ventas: 280.240.926.000 dólares.
– Beneficio declarado: 30.356.640.000.

Comparando este movimiento con el de la nación más rica de la América del Sur, el Brasil, llegamos al siguiente resultado: el total de ventas efectuado por esas empresas es de más de 265% superior al PNB brasileño. Solamente el beneficio líquido declarado de esas empresas relacionadas entre sí representa más del 40% del PNB del Brasil. Y ahora comparemos las ventas brutas y el beneficio líquido de esas compañías petrolíferas (no todas relacionadas entre sí) con los respectivos PNB de las naciones de América del Sur:

– Argentina 22.000.000.000
– Bolivia 2.122.000.000
– Brasil 74.300.000.000
– Chile 4.420.000.000
– Colombia 12.400.000.000
– Ecuador 1.500.000.000
– Guayana 401.000.000
– Paraguay 1.310.000.000
– Perú 12.290.000.000
– Venezuela 26.000.000.000

La concentración de riqueza por los trusts petrolíferos ofrece una suma de poder tal que, a lo largo de este libro en el análisis de la guerra del Chaco, salta a la vista que la intervención de la Standard Oil no fue más que una distracción para ella, ya que los intereses envueltos en el conflicto eran ridículamente pequeños en relación al volumen de dinero que citaba en juego en el Oriente Medio, entre otros escenarios.

Para tener una idea aunque fuera un tanto superficial del poder de corrupción, analicemos la acción de la Arabian Oil Co. (ARAMCO), que teóricamente es la compañía de petróleo instalada en Arabia Saudita, y formaba parte de cuatro empresas del mismo tronco: la Texas Co., la Standard Oil of California, la Standard Oil of New Jersey y la Socony-Vacuum. Sin entrar en detalles de la distribución del petróleo extraído de los pozos árabes controlados por la Arabian Oil Co. (en que tenían participación indirecta la Royal Dutch Shell y la Gulf Oil además de la Elf, francesa), vamos a verificar cómo los trusts consiguieron adentrarse tan profundamente en la economía de Arabia Saudita.

3. Un solo poder supera el poder del pueblo

“El camino de entrada en la Arabia pasa por la puerta del palacio del rey”

El antiguo proverbio bien conocido por todos cuantos explotaban el país gobernado por el rey Ibn Saud, nunca fue olvidado por los trusts del petróleo. Para tener campo libre en el dominio del petróleo de Arabia Saudita, era necesario que las empresas tuvieran el permiso de Ibn Saud. El único poder que puede modificar la estructura de dominación del petróleo es el pueblo: sólo una revuelta popular o una revolución social consigue conmover el dominio de los trusts.

Como tal dominio representa fortunas de volumen incalculable -miles, decenas y centenas de miles de millones de dólares que suenan como abstracciones en la mente del hombre común- las empresas consiguen poner en movimiento al Departamento de Estado a fin de estabilizar a los gobernantes que les son fieles en el poder, y en algunos casos a eternizarlos.

Es un caso de trueque: oligarquías, como la de Ibn Saud, entregan la riqueza del país y los trusts petroleros les dan la “garantía” de seguridad de permanencia en el poder, además de permitirles el usufructo de las migajas, migajas que no dejan de ser fortunas de volumen increíblemente grande, dispendiosamente gastadas por una elite privilegiada, al mismo tiempo que el pueblo muere de hambre.

Así, cuando en el inicio de la década del 40 el gobierno de Ibn Saud corría peligro en razón de huelgas y motines, los Estados Unidos, obrando a solicitud de uno de los vicepresidentes de la Standard Oil of New Jersey (aunque trabajando para la Bahrein Petroleum y la Caltex), aseguró a Ibn Saud una subvención, garantizándole la permanencia en el poder hasta el fin de la II Guerra Mundial.

Según testimonio del senador Owen Brester y de una Comisión de Investigación del Senado norteamericano, la subvención ascendía a 99 millones de dólares, a cambio de proveer petróleo a la Marina de los Estados Unidos al precio de 40 centavos de dólar el barril, en momentos en que el precio normal era de 1.05…

El negocio, lesivamente absurdo para los árabes, fue realizado por intermedio de la ARAMCO. Se comprende, por estos grandes negociados, que las compañías petroleras se interesen profundamente por la política exterior, y en este sentido será bastante con destacar un hecho: en la década del 50, el 75% de los beneficios de la Standard Oil of New Jersey provenían del petróleo bruto, de los cuales el 66% era de instalaciones en el extranjero.

En consecuencia, el petróleo pasó a ser un producto económicamente vital en todo aquello que se relacionara con el extranjero. En otros términos: el 66% de los beneficios de la explotación (que significa 75% del lucro total de los trusts petrolíferos norteamericanos) está fuera de los Estados Unidos, y se hace necesario otro gobierno para “gobernar” los intereses norteamericanos ubicados fuera del país. Es lo que se hace mediante procesos como el citado más arriba: mantener, mediante un negociado que arroja una pérdida de 60% en cada barril de petróleo, a Ibn Saud en el gobierno de Arabia Saudita.

Uno de. los grandes conocedores de la cuestión petróleo en los Estados Unidos, Harvey O’Connor, afirma que los diplomáticos de carrera “van y vienen”, tal como los gobiernos, pero los intereses de la Standard Oil son inmutables y permanentes, y es ésta, precisamente, la expresión de la verdad.

Corromper gobiernos y funcionarios, financiar represiones sangrientas o mandar que se haga una guerra, tan sólo “por sospecha”, como fue el caso de la Guerra del Chaco, componen la crónica del gangsterismo del trust petrolero, que no se detiene ni aún mismo ante la traición a los Estados Unidos en que tiene su sede.

4. Alianzas con el complejo nazi alemán
La dimensión mayor de la falta de escrúpulos de la Standard Oil of New Jersey puede ser confirmada por su colaboración con los nazis. En la década del 30, la I. G. Farben (de Alemania nazi) y la Standard Oil convinieron un trueque de informaciones para el refinamiento de la gasolina. Si bien una y otra empresa se jactan de ser más deshonesta, movidas por pruritos nacionalistas que la guerra puso en evidencia, la verdad es que si no fuese por algunos de los “secretos” que la Standard proporcionó a la Farben, los aviones de Goering no habrían alcanzado la eficiencia de que hicieron gala.

Documentos capturados por el Ejército de los Estados Unidos en 1945 prueban que la Standard Oil of New Jersey entregó a Adolfo Hitler informaciones que posibilitaron a la Wermacht la organización de reservas de gasolina de aviación y de lubricantes. También la Royal Dutch colaboró con los nazis. Las empresas petroleras son capaces de todo cuando se trata de beneficios y del mantenimiento de los privilegios. Lo curioso de este caso está en que, a pesar del desenvolvimiento de la Standard Oil of New Jersey, esta es una “compañía” que no refina petróleo, no perfora pozos, no transporta y no vende gasolina: era nada más que la cabeza de cerca de 350 empresas petroleras desparramadas por el mundo, ¡y controlaba o realizaba el 20% de los negocios mundiales!

Cuando hace más de 100 años el bisoño Drake perforó el suelo de California, estaba creando las bases para que Rockefeller explotara el mercado, haciendo surgir una riqueza que controlaría el mundo y ayudaría a mantener a millones de hombres en la miseria absoluta, impidiendo el ascenso social de las masas populares, como ocurrió en Arabia Saudita.

La “organización” del mercado, realizada por Rockefeller con el auxilio de la producción en serie “inventada” por Henry Ford (que financió periódicos antisemitas y la creación del partido Nazi en los Estados Unidos), haciendo dar un salto de dimensiones fantásticas a la producción de automóviles (de 619 mil en 1911 a 23 millones en 1930), implantaron la industria del petróleo como la fuerza económica más sólida del mundo, cuyo imperio tenía su sede en los Estados Unidos y estaba, prácticamente, en las manos de una sola persona: Rockefeller. Ni las leyes antitrusts ni las restricciones aprobadas por el gobierno norteamericano contra los abusos criminales de la industria petrolera y de John D. Rockefeller en particular, alcanzarían a eliminar el poderío de la nueva oligarquía. El Paraguay y Bolivia serían, también, sus lejanas víctimas…

5. Influenciando a la niñez, desde la escuela

A tal extremo había llegado la sagacidad de los trusts petroleros que en 1952, durante la campaña presidencial en los Estados Unidos, hasta los niños fueron usados como elementos de propaganda. Las inocentes APMs (Asociación de Padres y Maestros), que hoy prosperan en el Brasil, fueron fundadas por las empresas de petróleo en Texas para combatir “mala imagen” que “las siete hermanas” se habían ganado en el pueblo. A través de la APMs se hizo la campaña contra Stevenson, que disputaba la presidencia con Eisenhower y se procuró, con la colaboración de los profesores, mejorar el concepto existente sobre los trusts.

Los trusts petroleros dominan la opinión pública, por cierto que en forma muy bien organizada. Por ejemplo, un petrolero que ganaba un millón de dólares por semana, Haroldson L. Hunt, fundó el Facts Forum, en Dallas y por intermedio de esta organización publicaba diarios, revistas y financiaba programas de radio y televisión, promovía conferencias, dispensaba becas de estudio, encomendaba encuestas y pesquisas en la opinión pública, todo naturalmente, dentro de un programa preestablecido con el objetivo de que Texas se mantuviese como “patria” de los trusts petroleros.

Texas tenía un parlamento que se reunía no más de dos veces en el año y que pagaba cerca de 10 dólares por cada reunión, con lo que se conseguía eliminar la intervención de los pobres en la política, cuyas campañas eran absurdamente costosas. Fue a través de Facts Forum que se destacó Joseph McCarthy, un senador que es el típico retrato político del petróleo y de los creadores de la “caza de brujas” en los Estados Unidos.

Mientras y al margen de todo eso, los trusts contratan servicios de abogados y los preparan para intervenir en política y, naturalmente, el trabajo que cumplen estos abogados es mantener a Texas como un paraíso de los petroleros: a pesar del rigor del fisco en los Estados Unidos, las compañías petroleras de Texas no pagan el impuesto a la renta, aun cuando sean multimillonarias, y de esta manera Texas es el estado más “rico” de los Estados Unidos, por la estupenda concentración de pozos de petróleo, como que allí tienen su sede trescientos cincuenta millonarios que pueden ser considerados los hombres de mayor fortuna de los Estados Unidos. A pesar de esta realidad, la renta per cápita en Texas es la 34a. de la nación. En suma: aun cuando Texas es la concentración máxima del petróleo en la nación, refleja la pobreza que los trusts petroleros crean y mantienen en el mundo. Aun siendo así, tradicionalmente el 30% de los votos ciudadanos pertenecen a las izquierdas (una izquierda “liberal” que es una forma de lucha contra los magnates del petróleo) y a los negros.

Las APMs (Asociaciones de Padres y Maestros) fueron fundadas, como ya se dijo, para combatir a Stevenson. ¿Por qué? Porque cuando Adlai Stevenson fue candidato para la presidencia de la nación, tenía como programa “federalizar” las plataformas marítimas que en los Estados Unidos pertenecen a los estados y uno de los más ricos de éstos es el de Texas.

A través de las APMs recién instaladas, se distribuían libros y folletos destinados a los alumnos de las escuelas y a través de éstos a los padres. La campaña era “nacionalista”, tratando de convencer a los padres de los alumnos que Stevenson quería “robar” a Texas. Naturalmente, la campaña fue positiva en resultados, ya que la acción de las APMs, apoyada con grandes donaciones para las escuelas, no era sino una faz del todo. ¿Y por qué causa la campaña era tan violenta? Porque la “federalización” -vale decir, el traspaso a la órbita del gobierno nacional- de la plataforma marítima de Texas implicaba la pérdida de los trusts petroleros, si no de la propiedad en sí, de los impuestos que la el gobierno de la Unión tenía que cobrar y que en Texas eran descaradamente eludidos. El trust petrolero es el ramo de negocio que más gana en todo el mundo y el que paga menos impuestos, inclusive en los Estados Unidos.

Como ejemplo, en las décadas que van del 30 al 50, los trusts texanos vendieron 121 mil millones de dólares y pagaron como impuesto a la renta, en esos veinte años, 4 mil millones, quedando como beneficio líquido 12 mil millones que se multiplicarían posteriormente, como vimos. Esta inmensa suma de privilegios, dinero y lucros, se derrama sobre el mundo y pretende controlarlo. Entonces aparecen las calamidades: desde, la sustentación de gobiernos ilegales y corrompidos como los de Arabia Saudita, Kuwait y otros, hasta la promoción de guerras, tales como la del Chaco entre otras muchas, una guerra increíble, absolutamente sin sentido hasta para el gangsterismo de los trusts.

6. Ningún gobierno puede resistir la fuerza económica de los trusts petroleros
La presente crónica del gangsterismo de los trusts petrolíferos evidencia que, cuando va a estallar la guerra del Chaco, el Paraguay y Bolivia están enfrentados contra intereses económicos que solamente los de una compañía (la Standard Oil of New Jersey) representan un potencial superior en más del 100% de los PNB de los dos países sumados. corrección

La crisis mundial acelera, a partir de 1930, una política expansionista de control de las fuentes productoras de petróleo y es amparado en esa fuerza económica de volumen gigantesco y con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos -cuyo Departamento de Estado está controlado por las compañías petroleras-, que los “embajadores” de los trusts invaden el mundo donde sospechan que es posible perforar pozos.

El dinero que se derrama en sobornos y asaltos a la ley es tan copioso que no existen medios para resistir: la única manera de hacer esta resistencia sería una revolución popular que modificase fundamentalmente la política interna de los países amenazados. Y esta revolución nacional y popular es imposible de hacer: estas naciones ya están dominadas dentro de un círculo de dependencia que no permite cristalizar otra acción que la que es proveniente de los petroleros de Londres y Nueva York y ya se ha infiltrado en el mecanismo político de la nación señalada como región de explotación para más o menos tiempo. No es posible explotar el petróleo sin controlar a los gobiernos de los países donde se va a buscarlo. Por eso el trust petrolero llena de armas los depósitos de las naciones pobres o facilita empréstitos en los bancos extranjeros para la adquisición de material bélico, y de esta manera estimula un negocio paralelo al de la explotación del petróleo: la industria bélica.

Todo esto cuesta mucho dinero, pero los beneficios que se obtienen compensan ampliamente estos desembolsos. Hubo quien pensó en superar estos gastos en conflictos y guerras localizadas: W. T. Holliday, un ejecutivo de la Standard Oil de Ohio propuso crear un “gobierno mundial” (obviamente para el resto del mundo) con la finalidad de “estabilizar” la dominación y evitar desembolsos innecesarios. . . La presión económica que se hizo detrás de bastidores sobre Bolivia y el Paraguay, estimulándolos hacia la guerra, fue irresistible, en lo que nada hay que admirar si se tiene en cuenta la estructura social y política de una y otra naciones, y más si se considera que ni los propios gobiernos de los Estados Unidos podrían (y pueden) escapar a la influencia de los trusts petroleros. John D. Rockefeller, por ejemplo, fue juzgado y condenado el 29 de abril de 1879 por haber constituido, con algunos otros personajes asociados, un monopolio para controlar la industria petrolera, sabotear a las empresas de transporte y perjudicar a las refinerías concurrentes. Rockefeller jamás pagó la multa. La famosa decisión de la Suprema Corte de Washington del 15 de mayo de 1911, disponiendo la disolución del monopolio de la Standard Oil -que aparentemente era una victoria del gobierno contra el trust-, no tuvo efecto. Rockefeller encontró una salida dentro de la ley: dividió su imperio en 34 compañías, controladas por los mismos accionistas y continuó así su actuación en el mercado norteamericano.

A partir de 1913 la infiltración de la Standard Oil dentro del gobierno de los Estados Unidos le permite transformarse en una fuerza dinámica que influencia y decide los problemas a favor del trust, hasta el punto de que, a partir de determinado momento, el secretario de Estado es designado por los directores de la empresa y esto cuando no es uno de estos directores. La creación de la Fundación Rockefeller, también en 1913, vino a aliar en forma definitiva al gobierno de los Estados Unidos con la Standard: la Fundación Rockefeller, con su apariencia inocente de protectora de las ciencias y de las artes, tendrá una función que abarca de lo ideológico a lo policíaco. Forma técnicos de acuerdo con intereses imperialistas específicos; apoya entidades que persiguen finalidades nacionales “neutras”; financia artistas ubicados lejos de la política o que se prestan para la propaganda “democrática” norteamericana, y -especialmente- extiende tentáculos en todo el mundo, reuniendo informaciones que le son útiles para fortalecer las bases del dominio más sórdido del capitalismo expansionista de los Estados Unidos.

No serían y no podían ser el Paraguay y Bolivia, dos naciones subdesarrolladas, las más pobres de la América del sur, las que tendrían fuerzaypotencialparaenfrentara los trusts petroleros.

7. Braden: el cajero-viajante de la Standard Oil pretende negar la evidencia
“En Bolivia, donde domina el capital norteamericano, la Standard Oil necesitaba de una salida en el río Paraguay para sus pozos de petróleo en el oriente de aquel país. Detrás del Paraguay, la compañía inglesa Royal Dutch trató de evitarlo. Esta fue la causa del conflicto que ha ensangrentado el continente”.

La afirmación es de Liborio Justo, hijo del presidente Justo, de la Argentina. Liborio Justo no es sólo hijo del presidente: tuvo participación entre bastidores en la diplomacia que trataba de la paz, después de finalizada la lucha armada. Fue él quien en diversas ocasiones consiguió “domar” la fútil intransigencia de Saavedra Lamas, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, país que era sede de las Conferencias de Paz, y orientar las conversaciones en un sentido más práctico.

Por lo tanto, hay que admitir que Liborio Justo sabe lo que dice. Y lo sabe, sin duda, pero no dice todo lo que sabe. La guerra no fue causada por la Standard únicamente: la “salida al mar”, o si se prefiere con mayor precisión, un oleoducto, que realmente interesaba a la Standard, podría ser obtenido por las vías pacíficas, tranquilamente. Pero acontece que, enfrentando la presencia de la Standard Oil, estaban los intereses de la Royal Dutch Shell, aliada de la Argentina, que pretendía pura y simplemente los 80 mil kilómetros cuadrados de territorio del Chaco en que se podría encontrar petróleo, y en esto reside la raíz de la guerra. Los trusts petroleros hacen malabarismos con argumentos e intrigas que envuelven a una y a otra empresa, cada una de ellas presentando a la rival como el personaje “malo” o el “villano” de la historia.

La Royal Dutch Shell -de la que la Argentina es indisimulable aliada y el Paraguay un instrumento pasivo- fomenta las acusaciones por la prensa y en los medios diplomáticos, afirmando que la Standard Oil quiere un oleoducto y para conseguirlo está armando a Bolivia para una guerra de conquista en el Chaco, región que atravesaría este oleoducto. Por su parte, la Standard Oil, en la misma forma, alimenta las intrigas de que la Royal Dutch Shell, aliada de los intereses argentinos, pretende apoderarse de vastas regiones del Chaco, alcanzar las faldas de la cordillera andina y posesionarse de las áreas petrolíferas bolivianas, que de esta manera pasarían a “pertenecer” a la Argentina y serían explotadas por la Shell. Y la verdad es que las dos compañías tienen razón.

La Standard y la Shell se aprovechan de una situación de litigio que viene del siglo XIX, para estimular la lucha armada que se avecina. Para desvanecer las denuncias que comienzan a manifestarse sobre la manipulación subrepticia que los dos agentes del imperialismo hacen en la América del Sur, una y otra se preocupan por conseguir aliados importantes en los gobiernos de los Estados Unidos y de Inglaterra, así como en los dos países latinoamericanos, a fin de que estos gobiernos informen, oficialmente, que no hay petróleo en las regiones… petrolíferas, que no se trata de un conflicto en beneficio de ninguno, que todo se reduce a explosiones de “honor nacional” de los dos pueblos, por las “agresiones” que uno u otro está haciendo en la zona litigiosa del Chaco.

Uno de esos diplomáticos típicos que se preocupa en negar la importancia del petróleo como causa de la guerra es Spruille Braden, que fue el jefe de la delegación de los Estados Unidos en las Conferencias de Paz de Buenos Aires. Braden era conocido como uno de los testaferros de la Standard Oil y una de sus preocupaciones, después de la guerra, consistía en demostrar que los trusts petroleros eran inocentes. Pero Spruille Braden sabía que no. Braden estaba informado permanentemente de que la Standard Oil manejaba los hilos de la guerra.

El senador Gerald P. Nye, que presidía las comisiones que investigaban la industria bélica en los Estados Unidos (otra fuente de intrigas que forjaba guerras en beneficio propio), le avisó ingenuamente que la guerra fue un resultado directo del choque de intereses de los trusts petroleros. La conclusión a que llegó Nye es sencilla: no fueron los fabricantes de armas quienes se interesaban directamente en el conflicto, sino que, la investigación hecha por el Congreso, llegó a una conclusión obvia: las causas residían en las empresas de petróleo. ¿Cuál fue la reacción de Braden? Muy sencillo: esa reacción fue la propalada por las empresas durante todo el curso de la guerra, es decir acusar de comunistas a todos aquellos que señalaban la intervención de las empresas en el conflicto armado.

“El descubrimiento de depósitos de petróleo en Bolivia -dice Braden en sus memorias- complicó hasta cierto punto la situación. Pero la influencia del petróleo fue muy exagerada por los comunistas y otros que presentaban la guerra como una lucha entre la Standard Oil of New Jersey, (a la que ya había vendido sus acciones bolivianas) apoyando a Bolivia, y a la Shell haciendo lo mismo con el Paraguay”.

Como bien se percibe en la frase subrayada, Spruille Braden no era sino un cajero-viajante de la Standard Oil que negociaba con sus acciones en el exterior, y cuando tuvo la evidencia de la ingerencia del trust de los Rockefeller en la guerra -información enteramente innecesaria, por sabida, para Braden y que delata una gran ingenuidad en el senador Nye- intenta trasladar la “culpa” sobre los comunistas: Braden afirma en sus memorias que el senador Nye estaba mal informado porque entre sus asesores estaba el “comunista” John Kenneth Galbraith, el mismo que posteriormente se haría famoso.

Pero no cabe negar evidencias que son conocidas por todo el mundo y perfectamente claras, y esto no debería ser permitido ni siquiera a un testaferro de la Standard Oil como Spruille Braden, y a pesar de todo este hombre todavía destaca en sus memorias, con sutil cinismo, que “las potencialidades del petróleo boliviano no eran precisamente desconocidas. La Argentina tenía ambiciones en esa dirección y el Brasil no quería que la Argentina obtuviese el petróleo. Aparte de estas cuestiones -continúa Bramen- el Brasil tenía interés en desviar las exportaciones paraguayas y trataba de construir un ferrocarril desde San Pablo hasta Corumbá, sobre el río Paraguay este último punto; aunque ei transporte por tren sería más costoso que por el río, y esta idea se hizo realidad mucho más tarde”. Pero, aparte de lo expuesto por Bramen, hay otra importante razón por la que la Standard quería la guerra. Es una cuestión sutil que fue pasada por alto por los historiadores de esta lucha armada entre dos pueblos: la peligrosa y probable nacionalización de la Standard Oil por Bolivia.

8. Una guerra para “fortalecer” a un gobierno débil
Contrariamente a lo que ocurría en el Paraguay, en Bolivia había una naciente conciencia social, una participación activa de la izquierda en la lucha social que en varias ocasiones alcanzó a unirse en frente amplio, si bien con resultado relativo Y los gobiernos eran presionados en dirección a una política nacionalista.

La Standard Oil, lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos, tenía informaciones globales sobre Bolivia mucho más precisas y detalladas que las que poseía el propio gobierno boliviano Y sabía analizar estas informaciones con toda precisión. Era evidente que los últimos gobiernos del período de preguerra no ofrecían ninguna condición de subsistencia en términos de paz concreta, o en otros términos que la agitación política, los problemas económicos y la propia e infrahumana condición de vida del pueblo eran factores que conducían a revoluciones y golpes militares.

En esa época la industria petrolera actuaba sobre la base de que era necesario buscar fuentes de abastecimiento en todo el mundo y la Standard Oil, pionera como siempre, ya estaba instalada en Bolivia, donde era foco constante de ataque de los nacionalistas y de la izquierda, como representante más ostensible del imperialismo norteamericano. Existía entonces un justificado temor a que un gobierno nacionalista asumiese la responsabilidad de la nacionalización de la empresa petrolera. Un gobierno estable y fuerte no era posible en un país desorganizado como Bolivia y sólo había un recurso para estabilizar el poder político del gobierno: la guerra. La guerra fortalecería al gobierno: los pruritos nacionalistas envolverían al pueblo y unirían a la nación y de esta manera el problema de .la Standard y las contradicciones sociales internas serían olvidados mientras estuviese presente el “peligro” de la lucha con el Paraguay.

Finalizada la guerra, dejarían de existir hostilidades hacia los “aliados” que habían prestado ayuda en la campaña militar. Así pensaron los agentes de la Standard, y se equivocaron.

Pero había que considerar la otra faz del problema. Si la victoria militar fuese alcanzada por el Paraguay, los pozos petrolíferos no serían nacionalizados: la Standard se quedaría con sus pozos, con la diferencia de que éstos, en vez de estar ubicados en territorio boliviano, lo estarían en el paraguayo.

Nada pues había que perder con esta guerra, salvo, claro está, que aparecieran las ambiciones de la Royal Dutch Shell, y en este caso la lucha sería directa: los grandes patrones dividirían la expoliación del Paraguay y de Bolivia y los contratos beneficiarían al ave de rapiña que más profundamente clavara sus garras en la carne de paraguayos y bolivianos, que traería al Chaco los tres jinetes del Apocalipsis, que derramaría chorros de sangre en la pluma que firmaría el cese de la lucha en el Chaco.